Desde marzo, el encarecimiento del gasóleo ha añadido una presión extra de 51 millones de euros a los supermercados españoles, según datos de ASEDAS, la asociación que representa al 75% de la distribución alimentaria en el país.

Detrás de esta subida está un escenario energético más inestable, marcado por las tensiones en Oriente Medio, que han sacudido los mercados del petróleo y han incrementado la volatilidad del crudo. Ese efecto se traslada directamente a los costes de transporte y logística, una pieza clave en la cadena de suministro de alimentos.

¿Qué nota el consumidor en todo esto?

De momento, poco en el precio final de la compra. El sector de la distribución está absorbiendo parte de ese aumento de costes para evitar que se traslade al ticket del supermercado. Esto ayuda a explicar por qué productos básicos como el pan, los huevos o el azúcar se mantienen, por ahora, relativamente estables.

Los últimos datos del IPC de abril reflejan precisamente esa contención: los precios de los alimentos apenas han registrado variaciones mensuales, en torno al 0%, lo que ha contribuido a una leve moderación de la inflación alimentaria, que baja del 2,7% al 2,6%.

En el fondo, el comportamiento del sector está actuando como un “amortiguador” en un contexto global más incierto, en el que la energía vuelve a ser un factor clave de presión económica.

Un mercado muy competitivo que frena subidas

La distribución alimentaria en España opera con más de 200 empresas, una competencia intensa que, según ASEDAS, está ayudando a contener los precios finales en un momento de costes al alza.

A ello se suma la ayuda de 0,20 euros por litro de carburante para transportistas, que sigue vigente y contribuye a suavizar parcialmente el impacto del gasóleo, aunque no lo compensa por completo.