Ceuta vuelve a blindar su frontera. Las fuerzas de seguridad mantienen reforzada la vigilancia ante el temor a nuevos intentos de entrada desde Marruecos, mientras la situación de los menores migrantes no acompañados se convierte en uno de los principales focos de presión de la crisis.
El Gobierno cifra actualmente en 2.321 los menores no acompañados identificados en Ceuta, en un momento en el que la capacidad de acogida de la ciudad continúa sometida a una fuerte tensión.
La saturación de los recursos ha dejado a más de 1.000 menores fuera de los centros de protección, según las informaciones publicadas durante los últimos días. Muchos continúan pendientes de una solución administrativa y asistencial después de la entrada masiva registrada a finales de julio.
La situación ha obligado a habilitar recursos provisionales y nuevos espacios de acogida, mientras las administraciones intentan acelerar la identificación y atención de los menores que permanecen en la ciudad.
La crisis se prolonga ya durante semanas y Ceuta continúa reclamando una solución para reducir la presión sobre sus servicios públicos y sus instalaciones de acogida.
En paralelo, el Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para reforzar la frontera marítima de El Tarajal con una inversión prevista de nueve millones de euros.
El proyecto contempla la prolongación del espigón fronterizo hasta completar aproximadamente 115 metros adicionales y la instalación de un nuevo sistema de balizamiento que permitirá desplegar una red de contención submarina.
El objetivo es reforzar uno de los puntos más sensibles de la frontera y dificultar las entradas a nado desde territorio marroquí.
La actuación coincide con el refuerzo de la presencia policial ante nuevos llamamientos difundidos en redes sociales para intentar acceder a Ceuta desde Marruecos.
La ciudad afronta así una doble presión: controlar posibles nuevas entradas irregulares y gestionar la situación de miles de migrantes que permanecen en Ceuta, con especial atención a los menores no acompañados.
La situación de estos menores continúa además en el centro del enfrentamiento entre administraciones.
El Gobierno central defiende su traslado progresivo a otras comunidades autónomas, mientras siguen abiertas las discrepancias políticas y jurídicas sobre cómo debe realizarse ese reparto.
Mientras no llegue una solución definitiva, Ceuta mantiene la frontera reforzada, los recursos de acogida bajo presión y a miles de menores pendientes de su futuro.
La ciudad autónoma afronta así una nueva fase de una crisis migratoria que, casi dos meses después de las entradas masivas del verano, continúa sin resolverse.
