El juicio por el conocido como caso Alquería ha arrancado este lunes. El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a trece personas más por la supuesta simulación de siete contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.

Abogados de las defensas han solicitado que la causa vuelva a fase de instrucción para subsanar la supuesta indefensión en la que se han visto tras no poder interrogar en la fase de investigación a los empleados de Divalterra que denunciaron los hechos en la Fiscalía.

La abogada de Jorge Rodríguez, Ángela Coquillat, ha solicitado que la declaración de su defendido se produzca al final del juicio porque «se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia e igualdad de armas». La letrada ha argumentado que se ha tomado declaración a varios testigos, con el secreto de sumario en vigor, sin ser sometido a contradicción.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el actual alcalde de Ontinyent por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la Diputación, Ricard Gallego; para el asesor Manuel Reguart; y para los dos exgerentes de Divalterra, José Ramón Tiller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís).

El juicio llega cuatro años después de producirse la detención de Rodríguez y, aunque ha asegurado que «venir a declarar no es agradable», se ha mostrado optimista porque «parece que comenzamos a ver la luz al final del túnel».

El expresidente de la Diputación de Valencia ha justificado las presuntas irregularidades de las que se le acusa con un intento de «poner orden en el caos», por lo que decidieron «reestructurar la empresa en siete áreas potentes con gente profesional y capaz al frente».