El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante ha investigado penalmente a diez personas por delitos contra la salud pública, maltrato animal, receptación, falsedad documental y simulación de delito. Además, ha denunciado administrativamente a otras doce personas por infracciones recogidas en la Ley 6/2003 de Ganadería de la Comunidad Valenciana, por el movimiento de animales sin emisión de documento sanitario de traslado; falta de trazabilidad e identificación de los animales; no emisión de la preceptiva información sobre la cadena alimentaria; falta de autorización de instalaciones y sacrificio ilegal de animales; y la utilización fraudulenta de marcas identificativas. Estas infracciones están sancionadas con multa desde 600 hasta 1.200.000 euros. 

La que ha sido denominada “operación Chiqueros”, se inició con una primera inspección en una explotación ganadera, ubicada en la localidad de Alicante, en la que el Seprona localizó 100 ejemplares de las especies ovina y caprina, a los que habían arrancado los crotales para impedir su identificación. Los animales estaban hacinados, heridos y desnutridos, en pésimas condiciones higiénico sanitarias, y sin control veterinario. Los agentes inmovilizaron los animales y comenzaron la investigación para averiguar su procedencia. Gracias a que alguno de ellos estaba identificado mediante bolo ruminal, pudieron averiguar que procedían de distintas explotaciones de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha, desde las cuales debían haber sido trasladados a un matadero situado en Cartagena para su sacrificio, según figuraba en las documentaciones oficiales, pero al que en la realidad nunca fueron trasladados. 

Poco después, la Guardia Civil localizó en Cox otra explotación, en la que hallaron otros 200 ejemplares en circunstancias similares y, en este caso, además, algunos procedentes de explotaciones que habían dado positivo en tuberculosis. 

Una trama criminal creada con este fin 

Los investigadores han podido constatar que tres de los investigados se habían organizado con este fin, actuando como un grupo criminal que se había especializado en este sistema. Se hacían con los animales falsificando los documentos veterinarios de traslado a un matadero oficial en Cartagena para su sacrificio, algunos incluso cuya destrucción había sido decretada por las autoridades sanitarias. Sin embargo, en lugar de ser enviados a este matadero, eran desviados ilegalmente hasta las explotaciones de Alicante y Cox, en las que eran sacrificados para su venta irregular. Los agentes descubrieron que algunos de los ejemplares habían sido robados en las explotaciones de origen. En otras ocasiones, ofrecían a los ganaderos un precio más alto que el que les sería pagado en el matadero, y que la banda recuperaba después con la venta ilegal de la carne.  

En el total de la operación se han inmovilizado 305 ejemplares de ambas especies, ovina y caprina, decretándose el sacrificio y destrucción de los mismos dado el riesgo de contagio a otros ejemplares, así como el riesgo derivado por su consumo, al no poder acreditarse las enfermedades y tratamientos veterinarios por la falta de trazabilidad. 

Se ha investigado a nueve hombres y una mujer y denunciado a otros doce hombres, de entre 31 y 79 años, de nacionalidad española. Las diligencias instruidas por los agentes del Seprona han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante. Por su parte, los expedientes administrativos han sido remitidos a las Direcciones Generales de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia y a la Dirección General de Salud Pública de la Región de Murcia, autoridades competentes para entender del caso. 

La operación ha sido desarrollada por la Patrulla del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, que ha contado con la colaboración, de los Inspectores y Veterinarias de las Oficinas Comarcales Agrarias de Alicante y Orihuela, y el personal de la empresa pública VAERSA, dependientes de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, de la Generalitat Valenciana, que han participado en la identificación, marcado y saneamiento de los animales hallados en estas dos explotaciones clandestinas. 

El estudio de la trazabilidad mediante el seguimiento por bolo ruminal

Cada región productora de animales requiere por normativa de ámbito mundial, de un sistema de trazabilidad que garantice que el producto que se ofrece es sano e inocuo. La identificación del animal es imprescindible para garantizar la trazabilidad de las distintas fases por las que pasan los productos que forman la cadena alimentaria. En Europa se ha optado por la opción del bolo metálico que se introduce en el rumen, cavidad del estómago de los rumiantes. La trazabilidad en el sector agroalimentario es una de las tareas más importantes de los profesionales, ya que es un elemento fundamental en la garantía sanitaria de sus productos.