Agentes de la Policía Nacional han liberado a siete víctimas de explotación sexual  -en Madrid, Alicante y Toledo- y desmantelado un grupo criminal presuntamente dedicado a la trata de seres humanos.

La red criminal captaba a sus víctimas aprovechándose de su situación de necesidad, las ofrecían condiciones de trabajo engañosas y luego las obligaba a prostituirse debiendo estar disponibles las 24 horas del día. Amenazaban a las víctimas si se negaban a ejercer la prostitución y las controlaban mediante cámaras de vigilancia llegando en algunos casos a encerrarlas en las habitaciones. 

La investigación culminó con la liberación de siete víctimas de explotación sexual y la detención de tres personas, dos en Alicante y una en Toledo, por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, pertenencia a grupo criminal, delito contra la salud pública y favorecimiento de la inmigración ilegal. Se ha decretado el ingreso en prisión para dos de los detenidos.

Se ha realizado la entrada y registro en tres domicilios de Madrid, Alicante y Toledo. Se han intervenido un vehículo, siete teléfonos móviles, un ordenador portátil, tres cámaras de videovigilancia, unos 3000 euros en efectivo, más de dos gramos de marihuana, una balanza de precisión para sustancias estupefacientes y documentación relacionada con la investigación.

De  Murcia a Alicante y Toledo

El entramado criminal se asentaba inicialmente en el municipio murciano de San Pedro del Pinatar, para luego trasladarse a la provincia de Alicante y expandirse a la provincia de Toledo. Captaban a sus víctimas, principalmente de nacionalidad colombiana, tanto en su país de origen como en el propio territorio nacional, ofreciéndoles condiciones de trabajo engañosas, tales como ganar unos 1.500 euros a la semana con clientes de altos niveles adquisitivos.

Al llegar a territorio nacional, los implicados obligaban a sus víctimas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída por el viaje, imponiéndoles condiciones abusivas. Los integrantes de la red se encargaban de fijar el precio de los servicios sexuales.

Los detenidos controlaban a las mujeres a través de cámaras de vigilancia y las amenazaban con palizas si se mostraban reticentes a mantener relaciones sexuales con los clientes. Además, tras publicitar los servicios sexuales, atendían a los clientes a través de mensajería instantánea haciéndose pasar por las víctimas. 

Las víctimas eran sustituidas cada pocos meses por chicas nuevas y ejercían  la prostitución bajo  multas y cobros por otros conceptos, además del pago del 50 por ciento  de lo que se obtenía por los servicios sexuales. También debían encargarse de los gastos de manutención e incluso, en ocasiones, los involucrados no les daban ni tan siquiera la mitad de lo obtenido por prostituirse. 

Comían una vez al día

Las víctimas eran extranjeras en situación irregular, con escasos recursos económicos y falta de arraigo en el país, todo ello con el fin de que tuvieran que someterse a las exigencias que les imponían los implicados. Eran captadas bajo la falsa promesa de obtener dinero para el sustento de sus familias y facilitarles la entrada en territorio nacional.

Una vez en España, se las trasladaba en vehículo a una vivienda en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, donde eran hospedadas.