El secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha tramitado una denuncia a la Confederación Hidrográfica del Júcar ante Fiscalía por un posible delito medioambiental. Desde la Generalitat Valenciana alertan del vertido de residuos y los vehículos amontonados junto al barranco del Poyo realizado por la Confederación en el término de Riba-roja, en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras la riada del pasado 29 de octubre.

Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal.

"Frente a estas malas prácticas de la CHJ, desde el Consell se trabaja desde los primeros días porque la gestión del medio millón de toneladas de residuos derivados de las inundaciones se haga de acuerdo con la normativa", recordaba Mérida. "Se ha puesto en marcha un contrato por valor de cerca de 180 millones de euros con el objetivo de garantizar un tratamiento adecuado y minimizar el impacto en el territorio", defendía. 

Desde la Confederación Hidrográfica niegan los hechos.